LA NEGOCIACIÓN PETROLERA ESTA POR CONCLUIR LUEGO DE CUATRO AÑOS

El Estado lleva más de cuatro años cambiando el marco jurídico en el sector hidrocarburífero, con el argumento de que el Estado debe aumentar su participación en la renta petrolera. Este proceso -por el que han pasado dos presidentes de la República y seis ministros- se ha desarrollado en cuatro etapas. La primera se inició en abril del 2006, cuando en el Gobierno de Alfredo Palacio se aprobó la Ley 42, que determinaba que al menos el 50 por ciento de los ingresos extraordinarios de las compañías petroleras, producto del incremento del precio del crudo, se quedara en el Estado. Pero en octubre del 2007, el presidente Rafael Correa reformó el reglamento de esta Ley y decretó que el 99 por ciento de esos excedentes vayan al Estado y el 1 por ciento se quede en las compañías. Ello originó una lluvia de arbitrajes que devino finalmente en acuerdos transitorios de un año, suscritos en el 2008, mientras se negociaba el cambio de los contratos denominados de Participación a otros nuevos llamados Prestación de Servicios. Estos contratos debieron ser extendidos por un año más porque las negociaciones no avanzaron al ritmo esperado. En julio pasado se aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual fijó este 23 de noviembre como plazo máximo para la renegociación con las cinco principales petroleras: Petrobras, Agip (Eni), Repsol, Andes Petroleum y Petroriental. Aunque la tónica de la negociación ha sido el hermetismo, tanto en las compañías como en el Gobierno, fuentes cercanas a la negociación dan por hecho que las tarifas que reconocerá el Estado por los servicios que presten las petroleras bordea-rán los USD 30 por barril. El Comercio, 22 nov. 2010, p. 8