ODEBRECHT EXIGIÓ RETIRO DE SUS JUICIOS

El acuerdo firmado entre el Gobierno y el Consorcio Odebrecht - Alstom- Aldritz, para reparar los daños de la central hidroeléctrica San Francisco incluye condicionamientos previos a la realización de los trabajos. Una de las condiciones, según señala el documento de 12 páginas, suscrito el 8 de julio pasado, fue dar por terminadas todas las acciones administrativas, arbitrales y judiciales del Estado en contra de la empresa. El punto 1.1.2 del texto, al que este Diario accedió, señala que las obras y servicios para reparar la central San Francisco se iniciarán luego de que el Estado entregue "evidencia documental de los escritos de suspensión y desistimiento" de las controversias contra el consorcio. Hasta el viernes pasado el único proceso suspendido fue la demanda arbitral contra la compañía en la Cámara de Comercio de Ambato (CCA). Aún están pendientes los informes y glosas de la Contraloría que determinan cuáles son los daños de la planta. Los perjuicios en este caso suman más de USD 250 millones. También están pendientes los juicios penales en las cortes de Tungurahua, en contra de ex funcionarios de la empresa. De hecho, el miércoles 28 se realizará una nueva audiencia. En el literal 3.1 del acuerdo también se reconoce un pago de USD 20 millones del consorcio brasileño a favor de Hidropastaza por "todos los días de paralización de la central". Este monto está lejos de igualarse al que el Estado determinó en la demanda arbitral por el lucro cesante que fue de USD 98,7 millones, desde la paralización de la planta, en junio del 2008, hasta el 2011. Este Diario pidió su versión sobre este acuerdo a Ciro Morán, gerente de Hidropastaza, y a los directivos de Odebrecht, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta. El Comercio, 26 jul. 2010, p. 8